Democracia incluyente y elecciones populares.

Parte de las críticas que se observan en torno a la democracia actual, tienen que ver con la pérdida del valor de inclusión de ésta, y cómo se ha (de) generado en una democracia excluyente, que en el caso de nuestro país, deja fuera de los círculos de poder a las minorías políticas (los partidos que integran el Movimiento Juntos Podemos Más, o los independientes-independientes, por ejemplo), sobrerepresenta a sectores que son minoría (gracias al sistema binominal) y no permite la real integración en la fase de toma de decisiones, ejecución y evaluación de políticas públicas a organizaciones de la sociedad civil.

Pero inherente a estas críticas se debería generar un debate respecto al nivel de participación que nosotros mismos mostramos frente a los temas de interés público (como ciudadanos somos sujetos de derechos y deberes!), que aunque no quieran algunos, se encuentran inmersos dentro de la cosa política y de los asuntos políticos.

El sistema democrático nacional adhiere al principio de representatividad, por cuánto a través del sufragio popular y soberano los ciudadanos pueden elegir a quiénes los representan y legislan en el Congreso Nacional; en el caso de Diputadas y Diputados para la Cámara Baja y Senadoras y Senadores para la Cámara Alta o Senado; a quiénes administren sus comunas, los y las Alcaldes y Concejales o ediles, y a quién desarrolle las tareas de gobierno, a través de la elección del ciudadano o ciudadana que ejerza la primera magistratura de la nación o Presidencia de la República, como más popularmente se le conoce. Claramente aún falta por avanzar en la elección popular directa de autoridades de gobiernos regionales (Intendentes) y los Consejeros Regionales (COREs).

Pero esta representatividad tiene ciertos baches. Atenta contra ella el sistema electoral binominal que de facto genera un sistema político bipartidista (o dos grandes bloques políticos), donde obtener “más votos” no significa que se obtengan los cargos, sino que se tiene que apostar al doblaje para que una coalición que es mayoría obtenga los dos cargos en la Cámara de Diputados y el Senado (basta recordar que en el Distrito 9, mi distrito, en las elecciones de Diputados en 1997 Adriana Muñoz (PPD) obtuvo la primera mayoría, seguida de Renán Fuentealba hijo (DC), pero sin embargo el segundo cupo parlamentario lo obtuvo quién había alcanzado sólo la tercera mayoría, Darío Molina (UDI), lo que sin duda, atenta contra el poder soberano de la ciudadanía). Por otra parte, los partidos políticos no consideran relevantemente a las instancias locales para decidir el nombre de los candidatos, lo que repercute en que la representatividad territorial pierde sentido, (el caso del Senado es para un análisis mayor), ya que los intereses locales no son fielmente representados por foráneos que poco y nada conocen de las problemáticas locales (no basta con leer un poco de historia, conversar con un par de vecinos y listo).

Asimismo, el hecho que para ser ciudadano con pleno goce de derechos hay que asistir a un organismo que funciona sólo los primeros siete días hábiles de cada mes, en horario reducido (solo funciona de corrido durante un periodo hasta noventa días antes de una elección) no refleja lo incluyente que debiera ser nuestra democracia. Inscripción voluntaria, voto obligatorio... dice la consigna actual, pero para hacerle honor a la verdad lo de obligatorio no es tal, ya que los jueces de policía local rara vez (yo no conozco caso alguno) obligan a pagar la multa que establece la ley a quiénes no asisten a las urnas. Por ello se hace urgente que se apruebe la normativa que establece la inscripción automática cuando la persona cumple 18 años y que el voto sea voluntario, de esta manera, cuando se produzca un alto nivel de politización del país la participación en las elecciones aumentará (el caso de España y la sorpresiva elección de Rodríguez Zapatero es un claro ejemplo) y cuando la estabilidad y la tranquilidad política sea preponderante (o el tipo de elección) esta bajará al nivel de que participarán aquellos ciudadanos con vocación cívica permanente o con un interés por la política superior al habitual, lo que no tiene nada de malo.

Pero como aún no se han realizado estas modificaciones, por temor de ciertos sectores a la tendencia que puedan tener los nuevos electores, es loable indicar a los jóvenes que se inscribieron en los registros electorales, que serán participes de la “fiesta de la democracia”, su voz será considerada y que frente al sistema pueden reclamar cívicamente.

Cuando votamos es la única vez en que todos somos iguales, somos considerados por igual y podemos expresarnos para aprobar o rechazar ciertas administraciones, y lo más importante, es que nos sentimos parte de aquellos que deciden el Chile que queremos para nosotros y los que vienen.