La no globalización de los derechos sociales: ¿causa o efecto?

Observando el que NO sean elementos globalizados los derechos sociales (lo que ha generado desprotección social de la ciudadanía global) hay que mirar este fenómeno como parte del proceso mayor de desaparición simbólica de las fronteras estatales, de la supremacía del pensamiento occidental, la alta valoración de la virtud de la democracia formal, procedimental y representativa, y del capitalismo global y su clase capitalista que subyuga al Estado y genera bolsones de desempleo, falta de cohesión social, pobreza y marginalidad, desigualdades entre los Estados (centro, semiperiferia, periferia) y al interior de cada Estado (ricos y pobres), a todo esto hay que sumarle la mayor importancia que han adquirido los derechos individuales por sobre los derechos públicos subjetivos.

Basándonos en lo ya dicho y agregando el detrimento del Estado de Bienestar –que, dicen, subsiste en Europa (aquel que protege más a los individuos y le entrega servicios básicos directamente), resulta paradojal que sea el mercado y el capital los factores que generen la exclusión y sea el Estado, cada vez menos intervensionista, menos regulador y mas privatizado, el llamado a garantizar las condiciones mínimas para aquellos que fruto de la fragmentación social, han quedado en desprotección.

Existen diversas formas que dan cuenta de las limitaciones del Estado, por ejemplo:

La menor capacidad de acción del Estado, al deshacerse de empresas públicas o estatales, la privatización de servicios que antes entregaba en forma subsidiada, el menor peso económico que tiene en comparación con el pasado.

La tendencia mundial y cultural de desregulación jurídica, la flexibilidad productiva y la prevalencia de derechos humanos “neoliberales” basados en la libertad individual, el monoculturalismo y la normativa hegemonizadora social. Por ejemplo, ya no concibe un sistema de seguridad social basado en el reparto y en la solidaridad intergeneracional, sino un mecanismo de capitalización individual, no solidario.

Así, el Estado se ve forzado a dejar de cumplir ciertas funciones o bien a privatizarlas (educación por ejemplo), ha asumir prácticas privadas en la gestión de los asuntos públicos, privilegiando la eficiencia por sobre la eficacia, y lo que es peor, por sobre el aseguramiento de mínimos sociales o condiciones de sobrevivencia a los ciudadanos.

Se abren expectativas respecto del último punto, ya que una vez que la función administrativa del Estado ha cambiado y se entiende de un modo diferente (complementaria por cierto) de la función política o de gobierno, y se producen fenómenos de modernización de la gestión pública, que equilibran los principios de eficacia, eficiencia, oportunidad y solidaridad, se podrá avanzar a hacer de los excluidos parte de aquellos a los que sus derechos sociales les son respetados.